(Una crítica del libro de Patricia Daley,
"Gender & Genocide in Burundi: The Search for Spaces of Peace in the Great Lakes
Region, Bloomington, Indiana University Press, June 2008. ISBN: 978-0253219251).
Los acontecimientos de extrema violencia en
el África post-colonial se han explicado habitualmente a través de argumentos
sobre odio tribal y étnico. Una variante de este discurso es la obsesión con los
estados africanos que han "fracasado" o "sucumbido" por culpa de una forma de
hacer política basada en el nepotismo y la pertenencia étnica. Sin embargo, la
violencia sistémica tiene unas motivaciones estructurales más profundas de lo
que a primera vista parece y así nos lo mostrará nuestra erudita autora.
La académica feminista Patricia Daley nos enseña en su nuevo trabajo sobre
Burundi que presentar el genocidio de África como violencia irracional de origen
intestino oculta los crímenes contra la humanidad y la complicidad occidental de
los que les ayudan. Echando la culpa a las disfuncionalidades innatas dentro de
las sociedades Africanas permite reducir el genocidio a un trasunto de la
cultura "bárbara" y "salvaje" del continente. Deriva la atención hacia fuera del
colonialismo, neo-colonialismo y ayuda exterior que tienen su causalidad con las
atrocidades en África.
El libro de Daley busca comprender el genocidio lejos del marco conceptual
étnico, que vicia la vida en África, a otro más centrado en su capacidad
emancipatoria para la paz. La noción del autor de paz es la antítesis de la paz
que promueven los economistas liberales y que es impuesta a las sociedades
africanas por Occidente y la corporaciones multinacionales.
Los primeros capítulos del libro indagan como el racismo y la violencia
masculina del colonialismo europeo creó un "estado genocida" en Burundi.
Anterior a esa ingeniería social, Burundi carecía de una clase dirigente
compuesta exclusivamente de una sola comunidad étnica. Desde finales del siglo
XIX, los alemanes seguidos de los belgas suplantaron las fluidas identidades
sociales pre-coloniales con rígidas fronteras étnicas que permitiera crear una
clase de colaboradores nativos. Los europeos desplegaron el Cristianismo y un
sistema escolar discriminatorio para transformar categorías sociales complejas
como Hutu, Tutsi y Twa en identidades "étnicas" en su relación con el poder
estatal.
Para maximizar la explotación económica de la colonia, los belgas sometieron a
los campesinos de Burundi a trabajos forzados incluyendo la recolección de café.
Para 1945, ya habían terminado de "Tutsificar" las propiedades de los caciques,
sembrando las semillas de una "economía genocida". Los jefes colonos dotaron a
Burundi de un poder militar centralizado reclutado en base a estereotipos
occidentales de razas marciales. Junto con los elegidos, es decir las élites
nativas certificadas como "civilizadas", la milicia Burundesa ya envenenada
étnicamente constituyó la maquinaria necesaria para organizar el genocidio tras
la independencia del país.
En 1961, antiguos colonos belgas se aliaron con anti-nacionalistas locales para
asesinar a Louis Rwagasore, el equivalente burundés de Patrice Lumumba del
Congo. Las potencias occidentales sobornaron entonces al rey de Burundi que
reinaba para destruir el consenso inter-étnico queRwagasore había forjado. El
golpe de Estado de 1966 fortaleció la duradera alianza entre las fuerzas armadas
y la hegemonía Tutsi contra las presiones mayoritarias de los Hutus. Como
minoría, la élite Tutsi solo podía asegurar el control sobre el Estado a través
de la violencia ejercida para mantener a los Hutus a raya.
En 1972 las fuerzas del gobierno provocaron un genocidio matando a 200.000 Hutus
en cinco meses y expulsando al exilio a otro tanto. Los Estados Unidos conocían
en todo momento lo que estaba pasando pero prefirieron no enfadar al gobierno de
Burundi con el que mantenían estrechas relaciones. El régimen militar de
Bujumbura manipuló los temores occidentales al comunismo para evitar sanciones o
acusaciones. El fracaso de la intervención internacional en 1972 permitió a los
sucesivos gobiernos Burundeses licencia para cometer sucesivas series de
violencia genocida en 1979, 1984, 1991 y 1993. La élite militar genocida tenía
su fuente de inspiración en las relaciones estado-sociedad del periodo colonial
y recurría a frecuentes pogroms para dilucidar la competición por el poder entre
la élite.
El Estado dominado por los Tutsi se fue haciendo cada vez más criminal y
militarizado con la complicidad de la ayuda al desarrollo valorada en 75.6
millones de dólares por año desde 1976 hasta 1987. El golpe de estado de 1996 de
Pierre Buyoya fue bienvenido en los gobiernos europeos que se adherían al
principio jerárquico de "hombre fuerte" como forma de asegurar la estabilidad
política en los países desarrollados. Daley relaciona la imagen favorable de
Buyoya fuera de África al "machismo militar que domina el imaginario
occidental sobre el gobierno de África".(pág. 88) El omnipresente mando militar
reforzó la política genocida provocando muchos levantamientos rebeldes Hutus y
milicias que llevaron a cabo ataques contra los Tutsis. En suma, unos 300.000
civiles fueron asesinados en las guerras que enfrentaron a rebeldes contra el
gobierno en el periodo entre 1993 y 2006.
La economía Burundés post-colonial copio las prácticas coloniales de cultivo
obligatorio. Daley muestra la clara intersección entre la economía de libre
mercado y la violencia política a través de la historia de las "guerras del
oro", en donde una Zona de Libre Comercio creada por el Banco Mundial intentó
hacer de Burundi el epicentro de la distribución de oro en el África Central. El
proyecto, que descubre las conexiones entre el capitalismo internacional y las
élites locales, llevó al asesinato del presidente del país en 1993.
Gracias a la reputación en Occidente como "modelo de país africano", Burundi
llegó a ser el mayor receptor de créditos a bajo interés financiados por el
Banco Mundial durante los años 80. Al final, "tan ansiosos estabas por alardear
del éxito de las reformas liberalizadoras, que los donantes llegaron a obviar la
represión estatal" (página 101). La misma tendencia se observa en nuestros días,
donde el Fondo Monetario Internacional valora a Burundi como
un "buen país en proceso de ajuste" (página 103) debido a las privatizaciones de
la asistencia sanitaria y la agricultura.
En los Estados propensos al genocidio como este, partes enteras de la sociedad
son juzgadas como étnicamente inferiores y no son consideradas dignas de
protección. El sistema judicial de Burundi solo considera a los Tutsi como
"ciudadanos" mientras que condenaba de forma tácita a los Hutus y a los Twas a
la violencia arbitraria. El gobierno de Burundi limitó la aplicación del término
"civil" a los componentes de la etnia Tutsi. Entre 1996 y el 2000, el Estado
exilió a un 14 por cierto de la población, casi todos Hutus, hacia campos de
concentración con el pretexto de su protección. De hecho, esos campos eran
semejantes a los de la Alemania nazi. Forjados en una atmósfera de impunidad,
los grupos rebeldes Hutus compartían la misma crueldad contra la vida humana.
La violencia contra las mujeres aumentó dramáticamente en Burundi tras los
acuerdos de paz de 2003, dejando en evidencia la fragilidad de la "paz liberal".
La reciente ola de violaciones, comparable a la de la vecina Congo, fue una
consecuencia de la violencia masculina en Burundi, la quiebra social, y la
ausencia de restricciones legales contra las mujeres abusadas. La vuelta a
sistemas de administración de justicia más tradicionales (Bashingantahe) bajo la
orden de dirigentes religiosos conservadores no ha servido para cambiar la
tendencia genocida y sexista del estado. El gobierno se excusa en coartadas como
la "crisis política" o la "guerra civil" cuando se trata la no
implementación de
sus obligaciones por la igualdad de género según las leyes internacionales.
Daley enfatiza la histórica interconexión de la cultura genocida en toda la
región de los Grandes Lagos, donde la dominación imperial y la globalización
deshumanizó el alma africana. Los regímenes militaristas en Burundi cooperaron
con sus socios autócratas del Congo, Ruanda y Uganda. Protegidos por la garantía
de no interferencia de la Organización para la Unidad Africana (OUA), y
financiados por Francia, Bélgica, Gran Bretaña y los USA. Con todos estos
ingredientes pudieron llevar a cabo una guerra sin cuartel contra su propio
pueblo. Las empresas privadas de seguridad, actuando como subcontratas de
Estados occidentales, proliferaron en la región a modo de misiones
"humanitarias" y se añadieron a la amalgama de fuerzas armadas en la zona.
"El humanitarismo neo-liberal", encabezado por las agencias pacificadoras de la
ONU y las ONGs occidentales, "sirvieron para fortalecer las políticas más
discriminatorias del estado, privilegiando a un grupo social sobre los demás"
(página 166). En los Grandes Lagos, las agencias humanitarias actuaron
como cómplices del genocidio. El confinamiento forzoso en el estado de Burundi
fue proclamado cuando la ayuda humanitaria para los refugiados ya estaba
disponible por parte de las ONGs. La repatriación forzosa de refugiados
burundeses desde Tanzania con la connivencia de la organizaciones humanitarias
significaba la "aceptación tácita por parte de los donantes occidentales de las
prácticas antidemocráticas del Estado de Burundi" (página 178).
Los humanitaristas apuntalan los modelos de resolución de conflictos que
excluyen a las masas africanas de la comunidad política. Bajo el esquema de la
"paz liberal", afirma Daley, "las víctimas se convierten en responsabilidad de
las agencias humanitarias y la política es asunto exclusivo de
los representantes de los partidos políticos." (pag. 191). Cuando la OUA embargó
al dictador Buyoya en 1996, las agencias de ayuda apoyaron al Banco Mundial y a
los países
occidentales en su agresiva campaña para levantar sanciones. Las agencias de la
ONU también organizaron conversaciones de paz alternativas en Paris
en 1997 para dar legitimidad internacional al régimen de Buyoya tras su rechazo
a permitir la mediación del viejo estadista africano Julius Nyerere.
Los humanitaristas tuvieron su responsabilidad en quitar a los africanos el
protagonismo en la transformación que necesitaban. Su rol demostró vías en la
que la
paz en África se ha convertido en una industria que envía sin parar "expertos" y
consultores occidentales.
Daley concluye su libro con una exposición de los tratados de paz de Arusha para
Burundi. Su visión machista de la paz como forma de compartir
el poder entre líderes étnicos refuerzan la posición de las élites Burundesas
que cometieron genocidio y crímenes contra la humanidad. Los
paquetes económicos neo-liberales para la reconstrucción devolvieron a Burundi a
un estado de fuerte dependencia de la ayuda internacional y mantuvieron
a la sociedad bajo una camisa de fuerza contra la transformación.
Basándose en años de trabajo de campo en Burundi, Daley cree que las personas
necesitan una "paz que rehumanice el cuerpo social africano, física, material
y espiritualmente."(p. 232). Al final, la autora propone privilegiar formas
alternativas de masculinidad y feminidad que desliguen el ser africano de
las atrocidades. Llama a una "regionalidad y ciudadanía regional" que trascienda
las fronteras territoriales nacionales y securitarias que han avivado
el genocidio.
Repensando rigurosamente conceptos fundamentales como "humanitarismo",
"reconstrucción", "paz" y "transformación", el libro de Patrica Daley pretende
un
cambio de paradigma a partir del estudio de la violencia genocida y ofrece un
valiente manifiesto para dar poder a los africanos.. |
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